23 de marzo de 2020

Los proveedores de automoción reclaman flexibilidad en la aprobación de ERTEs por fuerza mayor y unidad de criterio en todas las Comunidades Autónomas

En primer lugar, desde SERNAUTO y los Clústeres de Automoción de Navarra (ACAN), País Vasco (ACICAE), La Rioja (AEiRioja), Comunidad Valenciana (AVIA), Aragón (CAAR), Galicia (CEAGA), Cataluña (CIAC), Cantabria (GIRA), Castilla y León (FACYL) y Madrid (MCA), queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los distintos territorios en la lucha contra el COVID-19. Asimismo, queremos poner de manifiesto las muestras de solidaridad que está teniendo el ecosistema empresarial y sus empleados en toda esta crisis, así como el cumplimiento con responsabilidad de los mandatos que implica el estado de alarma decretado, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para proteger a nuestros empleados y clientes.

El sector de proveedores de automoción engloba en España a más de un millar de empresas muy diversas, tanto en tamaño y origen, como en productos y mercados. En 2018, el sector facturó 37.170 millones de euros y dio empleo de forma directa a 230.000 personas e indirecta a 142.800 personas en toda la geografía española. Es un empleo estable y de calidad, por el dinamismo y carácter innovador del sector de automoción.

Nos encontramos en una situación de alta incertidumbre y hay que abordar y gestionar los temas que van surgiendo día a día. Para ello, hemos creado comités de crisis para hacer un seguimiento diario de la situación y así poder apoyar a nuestros asociados ante un descenso drástico de su actividad.

Nos gustaría manifestar que los proveedores de automoción son los primeros interesados en mantener el empleo en sus fábricas, clave para no perder la alta actividad productiva y competitividad conseguida en un entorno global, así como por su elevada responsabilidad social.

Por ello, consideramos clave que la solicitud de ERTES en base al criterio de fuerza mayor se pueda fundamentar de forma clara y uniforme en todas las Comunidades Autónomas y bajo el mismo criterio. Solicitamos al Gobierno que los ERTEs por fuerza mayor de los proveedores de automoción sean aceptados en vista al cierre que han sufrido sus clientes finales, las plantas de fabricación de automóviles, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, que han parado su actividad debido a las roturas de stock que ha provocado la interrupción de la cadena de suministro. Si un solo proveedor, independientemente de su tamaño, no provee en tiempo y forma a una planta de fabricación de vehículos paraliza también al resto de proveedores que suministran a esa misma planta.

Y a esto debemos sumar un descenso drástico de la actividad en el suministro de componentes en el mercado de recambio, donde el impacto de la crisis en la actividad de los talleres ha supuesto una caída del 95% desde la entrada en vigor del estado de alarma. Hay que recordar que, hasta que concluya el estado de alarma, la actividad de los talleres se ciñe exclusivamente a servicios de urgente necesidad.

Por ello, entendemos que, para preservar la unidad de mercado, debería contarse con un criterio único a la hora de interpretar el Real Decreto 463/2020 así como agilizar la tramitación de los expedientes, reduciendo la carga administrativa que conllevan dada la excepcionalidad de la situación.

La no aprobación de los ERTES por causa de fuerza mayor puede provocar una gran pérdida tanto económica como de empleo en las empresas de automoción, un sector que es fundamental para la economía y la sociedad españolas representando el 10% del PIB y el 9% de la población activa, con un elevado efecto multiplicador y con un claro carácter tractor, exportador, innovador e integrador.

Ante esta situación, desde SERNAUTO y los clústeres de automoción reseñados, y en línea con lo manifestado por CEOE y CEPYME, los sindicatos UGT y CCOO y otras asociaciones del sector, los ERTEs por fuerza mayor deben ser aceptados y agilizados de forma urgente, reduciendo la carga administrativa al máximo para proporcionar seguridad jurídica a nuestros asociados, los proveedores de automoción, y sus empleados.